EL PAÍS SIGUE DOLIENTE Y DOLIENDO
06-09-2012 10:06:AM-Opiniones-
Benjamín Cuéllar, director del IDHUCA
Los homicidios, las extorsiones y las desapariciones forzadas de personas –en un entorno nacional donde abundan además otros delitos– han mantenido a nuestra sociedad postrada ante la inseguridad y la violencia durante dos décadas después del conflicto armado. No quedaron atrás al llegar a su fin, dentro del cual fueron prácticas sistemáticas con motivación política; al contrario, las legitimaron sus autores y protectores con la amnistía. Al cabo de estos veinte años, era justo y necesario que ya reinara en el país la paz social; sobre todo para que la gozaran las mayorías populares, que fueron las más sufridas por la grave violación de sus derechos humanos antes de la guerra y durante la misma.
Sin embargo, a lo largo de una larga posguerra la realidad ha sido otra: alrededor de cien mil asesinatos realizados principalmente con armas de fuego, quién sabe cuántas desapariciones y permanentes sumas de dinero que la gente ha pagado a la delincuencia –la famosa “renta”– para evadir así la muerte. Hubo años en que las víctimas fatales superaron las siete mil; otros en los que giraron alrededor de las tres mil. En medio de esos vaivenes de una estadística macabra, nuestro país estuvo ubicado siempre entre los más peligrosos del mundo. El año pasado cerró con cuatro mil 354 homicidios intencionales; en el 2010 también rebasaron los cuatro mil.
Pero, de repente, ocurrió lo que alguien se atrevió a calificar como un “milagro”: la “tregua” entre pandillas acordada en marzo del 2010, promovida según las primeras versiones por dos personas cercanas al Ministro de Justicia y Seguridad Pública. Éste –el general David Murguía Payés– primero ocultó tal iniciativa, luego la aceptó pero negó la intervención oficial directa y al final nunca aclaró bien el papel jugado por el Gobierno en todo eso. Como haya sido, el caso es que los “líderes” de las maras en prisión anunciaron que ya no seguiría la matanza de sus miembros por sus miembros. Los números, hasta la mitad del año, mostraban que habían cumplido en buena medida lo pactado.
El Instituto de Medicina Legal informó que entre enero y junio del 2012 fueron asesinadas mil 571 personas; 503 menos que el 2011 durante el mismo período. Ese año, siempre en el primer semestre, el promedio diario anduvo entre once y doce; en el actual fue de entre ocho y nueve. Según el director de dicho Instituto, José Miguel Fortín Magaña, estos datos también fueron aceptados por la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil. Lo aclaró pues ese ha sido el problema eterno: las diferencias a la hora de “hacer cuentas”. Puso como ejemplo a una señora y su hija estranguladas en enero que la PNC no reportó como homicidios, pese a que esa fue la conclusión de la autopsia.
Pero del inicio de la “tregua” en marzo a la mitad del año, con el drástico y real descenso ocurrido, el promedio diario de homicidios fue –según Fortín Magaña– entre seis y siete. Si a finales del 2011 y principios del 2012 llegó a los catorce, ¿por qué Munguía Payés afirmaba, cuando era Ministro de Defensa y Seguridad Pública, que cerca del 90% de esas muertes debían atribuirse a las pandillas y entre las pandillas? Hoy las cifras indican que, más bien, andaría entre el 50 y el 60%. Si no, la “tregua” no está funcionando del todo bien; o el porcentaje de muerte entre la población que no pertenece a las pandillas, superaba y supera el 10% restante que sugería antes Murguía Payés. Por ahí salió el obispo castrense, recientemente, explicando la situación; los muertos siguen porque la “tregua” no incluye todas las pandillas. ¿Será?
A lo anterior, se suman las desapariciones y las extorsiones. Sobre las primeras, el Instituto de Medicina Legal habla de mil 279 casos registrados entre enero y junio del 2012. No son denuncias sino reportes. Como en los homicidios, chocan los informes institucionales; sobre todo, los de Medicina Legal con los de la Policía que contabiliza menos pues –según Fortín Magaña– recibe denuncias y luego, con el seguimiento policial de las mismas, establece si son ciertas o no.
Cabe decir que la cantidad de denuncias que sobre este delito presenta la gente afectada, debe relacionarse con el temor a las represalias provenientes de las estructuras responsables de las desapariciones y con la precaria confianza que las instituciones le merecen. En materia de extorsiones, por los mismos motivos, el número de denuncias tampoco es un indicador tan fiable. La gente puede optar, mejor, por pagar la “renta” y seguir viva aunque sea en esas condiciones. También puede preferir buscar por sus medios en Medicina Legal y en los sitios donde se entera que aparecieron cadáveres, para enterrar a su pariente y saber al menos dónde llevarle flores; además, para no ser también víctima mortal de la venganza criminal si –tras denunciar en la PNC o la FGR– se logra investigar, capturar, juzgar y condenar a los delincuentes. Esto último, la condena de los hechotes, no es regla; es una excepción poco atractiva para correr el riesgo.
Todo indica, pues, que la curva de muertes violentas descendió entre la membresía de las maras. Y eso, hay que decirlo con toda claridad, es bueno para las mayorías populares pues las víctimas directas e indirectas salen sobre todo de El Salvador profundo, abajo y adentro del mismo. Queda entre signos de interrogación la estabilidad de la “tregua”, que no es sinónimo de paz; sobre todo, por el incumplimiento de las promesas oficiales hechas al no generar –por ejemplo– oportunidades de trabajo decente para esta población. También por los pocos o muchos intereses políticos electorales que, en estos tiempos de campañas y ambiciones individuales y colectivas, puedan estar desde antes a la base de la misma.
Monseñor Gregorio Rosa Chávez puso en duda el fondo del experimento, luego de recibir a principios de agosto varias amenazas en el Complejo Educativo Católico “San Francisco”, que él dirige. Amenazas que en un primer momento y muy a la ligera, Munguía Payés calificó de “bromas” pero que –con el paso de los días– se confirmó su veracidad.
Con esto último y con la oscuridad que se cierne sobre El Salvador en cuanto al incremento o la reducción de las desapariciones y las rentas, además de la falta de un plan nacional de seguridad anunciado meses atrás desde Casa Presidencial, no se puede asegurar siquiera que ya se encontró el rumbo en el túnel para siquiera ver la luz al final del mismo. Más allá del descenso en la curva de muertes violentas –que ya ha ocurrido en otras ocasiones a lo largo de las dos últimas décadas– está el dolor diario de cinco, seis o más familias de personas asesinadas y desaparecidas que debería ser una causa nacional por la cual luchar.
En aras de eso, los pleitos de poder entre los poderes políticos, económicos, mediáticos y otros deberían pasar a un segundo plano. La sangre, el hambre y la impunidad son los obstáculos esenciales para que en El Salvador –tras veinte años sin guerra– se mantenga el “mal común” en beneficio de minorías privilegiadas antiguas y recientes. Las mayorías populares, de donde sale la gente que busca escapar de las infamias sociales antes citadas, deben pasarles la factura mediante su organización para la defensa decidida, creativa y firme de los derechos negados que les son negados.
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