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Ha provocado varias reacciones el anuncio del presidente Funes de que convocará a los partidos políticos para buscar una salida al conflicto entre la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa. Para algunos, la oferta es tardía y llega cuando ya hay otras medidas en proceso, como la comisión formada por la misma Asamblea para investigar los nombramientos de 2009 y el recurso ante la Corte Centroamericana de Justicia pendiente de resolución. Además, el ofrecimiento del Presidente extraña porque en reiteradas ocasiones se negó a intervenir aduciendo que es un conflicto en el que él no tenía nada que ver. Como sea, casi todo mundo coincide en que más vale tarde que nunca y que la labor mediadora del mandatario es bienvenida. Según la apreciación de Mauricio Funes, el conflicto no es jurídico, sino político, y por ello su decisión de convocar a los partidos para buscar un “arreglo” que lo solucione.

¿Qué lo hizo cambiar de opinión? Aunque quizás nunca se sepan a ciencia cierta sus motivaciones, una lectura de la realidad da pistas. En primer lugar, nuevos actores y sucesos se han sumado al escenario de este conflicto en los últimos días. La gran empresa privada anunció su retiro temporal del Consejo Económico y Social hasta que no se recobre la institucionalidad del país. Además, diversos sectores de la comunidad internacional han sentado postura para que se cumpla la Constitución obedeciendo las sentencias de la Sala. En este contexto, resalta el papel beligerante adoptado por Estados Unidos, cuyo Gobierno sugirió que la ayuda a El Salvador podría verse en peligro si no se halla una solución a la crisis institucional.

Es poco probable que el Presidente se haya decidido a intervenir solo por el retiro de la ANEP del Consejo Económico y Social. Pues la empresa privada fue uno de los sectores que pidió explícitamente la mediación del mandatario, y este hizo caso omiso a esa solicitud. Asimismo, poco impacto tuvieron en él los llamados de muchos otros sectores profesionales, sociales, académicos y religiosos a que se cumplieran las sentencias de la Sala de lo Constitucional. Así, todo parece indicar que fue la presión de Estados Unidos lo determinante en el cambio de actitud del titular del Ejecutivo. Si al Presidente no le preocupara la posibilidad de que la ayuda se detenga, no se hubiese molestado en mandar a dos de sus más altos funcionarios a tierras norteamericanas para aclarar la postura del Gobierno. Otro elemento que pudo abonar a la decisión presidencial: la reciente disposición de los partidos políticos a encontrar una salida. Si Funes no viera esa disposición, difícilmente se ofrecería a servir de mediador. Pero, lastimosamente, para decidirse a participar, tuvo que esperar a que desde fuera del país se exigiera su intermediación.

Sin embargo, algo está muy claro: la neutralidad del Presidente está comprometida porque desde el inicio del conflicto su actuación ha estado inclinada a un lado de la balanza. Desde la sanción expedita del decreto 743, pasando por la negativa del Diario Oficial a publicar las sentencias de la Sala y por la aprobación de las elecciones de magistrados y del Fiscal General, hasta el aval al recurso a la Corte Centroamericana de Justicia, entre otras acciones, Funes ha dejado clara su participación en el conflicto. Por supuesto que es válido buscar una salida, pero teniendo sobre la mesa las actuaciones de todos los actores. Además, la Presidencia de la República y los partidos deben tener cuidado de que el acuerdo que alcancen esté fundamentado en el respeto a la jurisprudencia nacional.